Asturias vota en contra del nuevo modelo de financiación y pide un pacto de Estado
El Principado rechazó en el Consejo de Política Fiscal el modelo aprobado con los votos de Cataluña y Canarias, y reclama un acuerdo amplio que atienda a las necesidades de gasto.

El nuevo modelo de financiación autonómica dio este viernes un paso decisivo al superar el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero lo hizo sin el apoyo de Asturias. El Principado votó en contra al considerar que el reparto propuesto por el Ministerio de Hacienda no corrige el desequilibrio que arrastra la comunidad y prima la capacidad fiscal de cada territorio por encima del coste real de prestar los servicios públicos.
Una aprobación con apoyos justos
Según informa El Comercio, la propuesta salió adelante con el peso del voto de la Administración General del Estado, que representa el 50% del órgano, y con el respaldo únicamente de Cataluña y Canarias. Enfrente se situaron Asturias, Castilla-La Mancha y el conjunto de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Su aprobación definitiva en las Cortes, además, sigue sin estar garantizada.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió el acuerdo como el resultado de un esfuerzo sin precedentes y subrayó que se trata del único modelo que hay sobre la mesa después de 17 años sin reforma. El Gobierno central cifra en 21.000 millones de euros los recursos adicionales que se repartirán entre las autonomías.
246 euros por asturiano frente a 584 por catalán
De esa bolsa, a Asturias le corresponderían 248 millones. El problema, para el Ejecutivo autonómico, está en la comparación: el reparto supone menos de la mitad por habitante que el que recibiría Cataluña, con 246 euros por asturiano frente a 584 euros por catalán. El Gobierno de Adrián Barbón viene advirtiendo desde el principio de que los criterios pactados previamente con ERC para diseñar el sistema perjudican a la comunidad.
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, resumió así la posición asturiana tras el pleno del Consejo: «Para nosotros el modelo sigue primando la capacidad fiscal por encima de las necesidades de los territorios». En su análisis, los indicadores elegidos no recogen suficientemente lo que cuesta sostener sanidad, educación y servicios sociales en una región envejecida y con una población muy dispersa por el territorio.
La petición de un acuerdo amplio
Más allá del contenido, el Principado lamenta el modo en que se ha cerrado el nuevo sistema. «La reforma del modelo de financiación requiere de un gran acuerdo de Estado», reclamó Peláez, que atribuyó la falta de consenso sobre todo al Partido Popular: «Echamos de menos que el Partido Popular se implique en un gran acuerdo de Estado». Al mismo tiempo, justificó que el Ministerio tiene la obligación de reformar el sistema y que ha construido una mayoría alternativa, algo que, a su juicio, ha terminado condicionando el fondo del modelo y ha impedido a Asturias votar a favor.
Desde Hacienda se defiende que la propuesta reducirá las diferencias actuales entre comunidades y que ninguna perderá recursos respecto al sistema vigente. El ministerio rechaza también que se trate de un modelo hecho a medida de un territorio concreto.
Los flecos que quedan sin cuantificar
El consejero asturiano reconoce algún avance, en particular el compromiso de que las comunidades situadas por debajo de la media puedan acercarse a ella. Pero considera que ese mecanismo no altera el problema de fondo. España anunció además un fondo para atender factores territoriales como la reindustrialización, la digitalización, la innovación y la despoblación, con variables como la baja densidad de población, la dispersión, el turismo masivo, los riesgos ligados a la masa forestal y los efectos del cambio climático.
El Principado advierte, sin embargo, de que ni ese fondo ni el Fondo de Compensación Interterritorial están cuantificados ni incluidos de forma expresa en el modelo, sino remitidos a una tramitación paralela. Para Asturias es «especialmente importante» que esos elementos queden recogidos por escrito en el desarrollo de otra ley, porque de ellos depende buena parte del margen presupuestario de los próximos años.
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Elaborado a partir de información publicada por El Comercio · Fuente primaria: documento original