La ley universitaria de PSOE e IU abre una pugna por las privadas en Asturias

La proposición de Ley del Sistema Universitario que FSA-PSOE e IU-Convocatoria registraron el viernes en la Junta General ha abierto un frente político y empresarial en Asturias. El texto refuerza a la Universidad de Oviedo con matrícula gratuita y financiación plurianual, y al mismo tiempo somete a los centros privados a un régimen de inspección propio con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros. La información fue adelantada por El Comercio.

Qué propone el texto

La iniciativa fija por ley la gratuidad de la matrícula para el alumnado de nuevo ingreso en grados y másteres de la universidad pública asturiana, y blinda una financiación estable a seis años, de modo que la institución no dependa de la negociación presupuestaria anual.

En paralelo, crea un servicio de inspección específico encargado de vigilar la calidad y el cumplimiento normativo de los centros privados. Entre los requisitos que estos deberían acreditar figura disponer de plazas de alojamiento para al menos el 10 % de su alumnado, con una acreditación anual ante la consejería competente.

Una vía rápida antes del final de la legislatura

Los socios del Gobierno han optado por registrar la propuesta directamente en la cámara autonómica en lugar de tramitarla como proyecto de ley del Ejecutivo. Esa fórmula permite ahorrar los trámites de consulta pública e informes preceptivos y acelerar la aprobación antes de que concluya la legislatura, pero es precisamente lo que sus críticos señalan como prueba de oportunismo.

El contexto normativo también pesa. Las tres privadas que se están implantando en Asturias —la Alfonso X El Sabio en Oviedo, la Nebrija en Avilés y la Europea en Gijón— obtuvieron la autorización antes de la entrada en vigor del decreto estatal de octubre de 2025 que endurecía los requisitos para estos proyectos en toda España. El Tribunal Supremo anuló esa norma la pasada semana por defectos en su tramitación, de modo que hoy las iniciativas privadas encuentran en la región las mismas facilidades que hace un año.

Las cámaras de comercio, en contra

El empresariado ha reaccionado con dureza. Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, considera que se trata de «una medida electoral que no responde a una necesidad real» y defendió el «estricto cumplimiento normativo» de los tres centros en implantación, al tiempo que reclamó al Gobierno de coalición que aclare si apoya o no la presencia de universidades privadas.

En la misma línea se pronunció Félix Baragaño, al frente de la Cámara de Gijón, para quien «lo que corresponde es aumentar y fortalecer la confianza en la iniciativa privada». A su juicio, estos centros «solo pueden tener el mismo nivel de control que el resto de empresas», sean del sector educativo o de otro análogo.

La oposición carga contra la iniciativa

Desde el PP, Andrés Ruiz calificó el texto como «una ley de trinchera y revancha» y defendió que la llegada de centros privados pueda ser «complementaria para cubrir la demanda», sin renunciar a una Universidad de Oviedo bien dotada. Sara Álvarez Rouco, de Vox, habló de exigencias «sonrojantes y anacrónicas» y de «un ataque a la libertad».

También Foro se desmarca: Adrián Pumares ve la reforma «desequilibrada, excesivamente intervencionista y jurídicamente discutible», y acusó a PSOE e IU de «confundir fortalecer la Universidad de Oviedo con poner trabas a las universidades privadas».

La clave parlamentaria vuelve a estar en Covadonga Tomé, cuyo voto da la mayoría absoluta al bloque de la izquierda. La diputada ha anunciado que examinará el articulado «con la máxima exigencia» y ha reprochado al Ejecutivo autonómico haber autorizado en menos de seis meses la implantación de los tres centros privados.

El debate llega en un momento en el que la institución pública asturiana amplía su proyección internacional: la Universidad de Oviedo será centro colaborador de la OMS en emergencias y catástrofes.