El ITJ exige a TYC Narcea devolver 31 millones para poder seguir en la mina de Vega de Rengos

La continuidad de la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, depende de una cifra: algo más de 31 millones de euros. Esa es la cantidad que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) reclama a la empresa TYC Narcea, propietaria de la explotación, como condición para que la actividad pueda mantenerse abierta. La noticia, adelantada por elDiario.es Asturias con información de EFE, añade un nuevo frente a un conflicto que mantiene en el aire decenas de puestos de trabajo en el suroccidente asturiano.

Una resolución todavía provisional

El planteamiento del ITJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, figura en una resolución de carácter provisional. La empresa tiene abierto un plazo para presentar alegaciones hasta el 18 de septiembre, de modo que el documento no será firme hasta que ese trámite se resuelva. En términos prácticos, la explotación queda pendiente de una decisión administrativa que puede condicionar por completo su viabilidad económica.

El importe reclamado no es arbitrario: según fuentes del sector citadas en la información original, se corresponde con el total de las ayudas al cierre de la minería del carbón que percibió en su momento Carbonar, la empresa que explotaba anteriormente la mina. El criterio que sostiene el ITJ es que ambos proyectos están vinculados y que, por tanto, mantener la actividad supondría incumplir las condiciones bajo las que se concedieron aquellas subvenciones, pensadas precisamente para acompañar el fin de la extracción.

La versión de la empresa

TYC Narcea rechaza esa interpretación. Su argumento es que se trata de una unidad de producción distinta de la que gestionaba Carbonar: aquella operaba en otra zona de la mina y extraía carbón térmico, mientras que la actual explotación se centra en antracita de bajo volátil, un producto con usos y mercado diferentes. La empresa sostiene, además, que la coincidencia física entre ambas labores es mínima y se limita a una treintena de metros de galería.

De prosperar el criterio del organismo estatal, la compañía tendría que elegir entre reintegrar una cantidad muy elevada o renunciar a seguir extrayendo. De prosperar el suyo, la actividad quedaría al margen de esa obligación de devolución.

Una mina parada desde noviembre

El expediente del ITJ no es el único obstáculo. La explotación permanece paralizada desde el 21 de noviembre, cuando un accidente en el interior de la mina costó la vida a dos trabajadores. Para reanudar la actividad, además de la resolución del instituto, la empresa necesita que se complete la tramitación ambiental pendiente.

La suma de todos esos frentes ha convertido el asunto en uno de los conflictos laborales más visibles del occidente asturiano en los últimos meses. La plantilla ha protagonizado diversas movilizaciones para reclamar la reapertura total de la actividad: marchas a pie hasta la capital asturiana, concentraciones y una acampada en el Campo de San Francisco de Oviedo.

Qué está en juego en el suroccidente

Más allá del litigio administrativo, el fondo del asunto tiene una lectura territorial. Vega de Rengos es una de las últimas explotaciones de carbón activas en Asturias y se sitúa en una comarca que ha perdido buena parte de su tejido industrial y demográfico en las últimas décadas. Las ayudas al cierre se diseñaron para amortiguar ese proceso, y el debate actual gira en torno a si su cobro es compatible con la continuidad de la extracción en el mismo emplazamiento.

Hasta que la resolución del ITJ sea firme y se resuelva el trámite ambiental, la mina seguirá parada y los trabajadores, a la espera. El calendario inmediato apunta al plazo de alegaciones como el próximo punto de inflexión.