Los hosteleros se rebelan contra la red pública de hoteles rurales del Principado

El Gobierno del Principado trabaja en una red autonómica de alojamientos rurales inspirada en el modelo de Paradores y ya ha puesto nombre a su primera pieza: La Rectoral de Taramundi, considerado el primer hotel de turismo rural de España. La patronal hostelera Otea se ha plantado contra el plan y lo califica de injerencia pública en un sector que, dice, funciona desde hace cuarenta años con capital privado. La información ha sido publicada por Asturias Mundial.

Qué ha anunciado el Principado

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, confirmó el pasado 16 de octubre que el Ejecutivo prepara esa red pública, un compromiso que el presidente Adrián Barbón había avanzado en el último debate de orientación política. El objetivo declarado es recuperar inmuebles y generar actividad turística en concejos donde la iniciativa privada no encuentra incentivos para invertir.

De momento, el proyecto tiene dirección política pero pocos números. No se ha concretado cuántos establecimientos se abrirían, dónde, con qué tarifas, qué presupuesto total manejaría la red ni quién la explotaría: gestión directa a través de una empresa pública, concesiones a operadores privados o una combinación de fórmulas. El Gobierno ha encargado un estudio técnico que debería estar listo en febrero de 2027.

La Rectoral, el primer nombre sobre la mesa

El hotel de Taramundi, abierto en 1986 en una antigua casa rectoral del siglo XVIII, fue el establecimiento que inauguró el turismo rural en España y transformó la economía del concejo occidental. Cuenta con 18 habitaciones y categoría de cuatro estrellas, y recibía en torno a 5.000 viajeros al año, según datos difundidos por RTPA.

La inversión anunciada para su rehabilitación supera los dos millones de euros —en Fitur, en enero, se hablaba de más de 1,5 millones— e incluye renovación de instalaciones eléctricas, mejoras de seguridad y actuaciones de accesibilidad, sobre todo en los baños. El establecimiento cerró sus puertas el pasado fin de semana y podría permanecer cerrado buena parte de 2027.

Conviene un matiz: el inmueble ya estaba vinculado a la titularidad pública autonómica y se explotaba mediante fórmulas empresariales, de modo que su reforma no equivale a comprar hoteles privados con fondos públicos.

El argumento de Otea

En un comunicado del 21 de octubre, la patronal expresó su oposición frontal a que la Administración se convierta en operador turístico. Habla de «injerencia pública» en una actividad que las empresas desarrollan con «eficacia y solvencia» y considera «completamente anacrónico» que el Gobierno adquiera edificios para explotarlos en un mercado ya consolidado. Su propuesta alternativa: destinar ese dinero a ayudas para modernizar los negocios existentes.

Otea sostiene, citando datos del INE de 2025, que la ocupación media anual de los alojamientos asturianos no llega al 52 %. El dato, sin embargo, se refiere al conjunto de la planta de alojamiento y no solo al segmento rural, y una media autonómica no permite saber si sobra oferta en todos los concejos: hay localidades con muchas plazas vacías fuera de temporada y otras sin apenas camas disponibles.

Cifras que no van en la misma dirección

Los datos específicos del turismo rural muestran crecimiento. Asturias cerró 2025 con 304.979 viajeros en alojamientos rurales, máximo histórico, y 921.470 pernoctaciones. En 2026, hasta agosto, se contabilizaban 247.551 viajeros y 798.000 pernoctaciones, un 14,31 % más que un año antes.

Paralelamente, el Principado mantiene el programa de Bonos de Turismo Rural, con un millón de euros de dotación en 2026, ampliado después en 300.000 euros: en total 13.333 bonos de 150 euros por los que el viajero paga 75. A comienzos de septiembre había 358 alojamientos adheridos.