Asturias aprueba evaluar el desempeño de sus empleados públicos desde 2027

El Consejo de Gobierno del Principado ha dado luz verde al reglamento que regula la evaluación del desempeño del personal empleado público de la Administración autonómica. La norma completa el desarrollo de la Ley de Empleo Público en esta materia y empezará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

Hasta ahora, la evaluación del trabajo de los funcionarios y laborales del Principado servía sobre todo para avanzar en la carrera horizontal, un sistema implantado en Asturias hace más de una década. Con el nuevo decreto, pasa a tener entidad propia como procedimiento general de gestión de recursos humanos, con consecuencias en distintos ámbitos de la vida profesional: provisión de puestos, retribuciones variables y acceso a formación.

Qué introduce la norma

La principal novedad es la creación de la evaluación positiva excelente, una categoría reservada a quienes obtengan la máxima valoración en todas las áreas evaluadas y acrediten una aportación especialmente relevante a la mejora del servicio. Ese reconocimiento podrá computar como mérito cualificado en los concursos de provisión de puestos de trabajo, pesar en la asignación de productividad variable y dar acceso preferente a cursos especializados y a proyectos de innovación en la Administración.

En el extremo contrario, el reglamento desarrolla los efectos que la Ley de Empleo Público ya preveía para las evaluaciones negativas y, al mismo tiempo, articula medidas de apoyo, seguimiento y formación orientadas a corregir las situaciones de bajo rendimiento antes de que deriven en consecuencias para el trabajador.

Objetivos públicos y auditoría interna

Para reforzar la objetividad del sistema, cada unidad administrativa deberá fijar tres objetivos colectivos cuantificables, medibles y verificables, vinculados a la eficacia, la calidad del servicio y el rendimiento de la organización. Tanto esos objetivos como su grado de cumplimiento se publicarán cada año en el Portal de Transparencia, de modo que cualquier ciudadano podrá consultar qué se propuso cada unidad y qué consiguió.

La supervisión recaerá en la Inspección General de Servicios, a la que el decreto atribuye funciones de auditoría y revisión periódica para comprobar que el sistema se aplica correctamente y proponer ajustes. La evaluación será de carácter anual y valorará tanto el trabajo individual como la contribución de cada unidad al cumplimiento de los objetivos comunes.

Carrera profesional y movilidad

El texto incorpora además reglas nuevas en materia de carrera profesional. Entre ellas, facilidades para la promoción interna, el reconocimiento de categorías obtenidas en otras administraciones, la movilidad entre los distintos ámbitos del sector público autonómico y la integración del personal que llegue al Principado como consecuencia de traspasos de competencias.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió que la norma "consolida un modelo que reconoce el compromiso, la profesionalidad y el trabajo bien hecho de las personas que sostienen cada día los servicios públicos" y añadió que "impulsa la mejora continua y refuerza una Administración más eficaz y preparada para responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía".

A quién afecta

El reglamento alcanza al personal empleado público de la Administración del Principado, un colectivo que presta servicios en áreas tan diversas como la gestión administrativa, los servicios sociales o la atención al ciudadano, y cuyas condiciones laborales han estado en el centro de varias negociaciones recientes del Gobierno asturiano, como la rebaja de horas lectivas a los docentes mayores de 55 años. El margen hasta enero de 2027 servirá para que las consejerías adapten sus procedimientos y fijen los objetivos de cada unidad antes de la primera evaluación.

La información procede del Gobierno del Principado y fue difundida por El Búscolu.