El Principado tramita el decreto de ayudas a familias de muertos en accidente laboral

El Gobierno asturiano ha dado el primer paso formal para regular las ayudas económicas a las familias que pierden a un allegado en un accidente de trabajo. El plazo de consulta pública previa está abierto hasta el 3 de noviembre y el texto adelanta que será el Instituto Asturiano para la Prevención de los Riesgos Laborales el organismo encargado de gestionar las subvenciones, según informa El Comercio.

Un decreto que arranca ahora su tramitación

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, firmó el pasado 1 de octubre la resolución que incorporó al plan normativo anual del Ejecutivo la elaboración de esta norma, con la previsión de iniciar el expediente en el último trimestre del año. Superada la fase de aportaciones iniciales, deberá redactarse un borrador que se someterá de nuevo a información pública, analizarse las alegaciones y recabarse los informes jurídicos preceptivos.

Desde la Consejería de Industria aseguran que el expediente se tramitará «dándole celeridad». La experiencia reciente, sin embargo, invita a la cautela: decretos autonómicos aprobados en los últimos tiempos, como el que creó el registro de médicos objetores de conciencia o el que estableció la categoría profesional de óptico en el personal estatutario, necesitaron alrededor de un año desde el inicio de las consultas previas.

El propio anuncio reconoce que se estudiaron fórmulas «no regulatorias» para poner en marcha estas ayudas con mayor rapidez, pero quedaron descartadas porque no permitían concederlas con las garantías jurídicas exigibles. De ahí la opción por un decreto.

El origen: la mina de Cerredo

Detrás de esta iniciativa hay un compromiso político difícil de eludir. La propuesta llegó después de que el Ejecutivo vetase el planteamiento de la líder de Somos, Covadonga Tomé, que como presidenta de la comisión de investigación del siniestro planteó una subvención directa para las víctimas de los accidentes ocurridos en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, en 2022 y 2025. Aquella fórmula habría alcanzado a once familias.

El Gobierno autonómico emitió un informe que bloqueaba la propuesta alegando motivos presupuestarios y ausencia de base jurídica. Ante el malestar generado, reaccionó anunciando ayudas de entre 70.000 y 72.000 euros para todas las familias que hubieran perdido a un ser querido en accidente laboral a partir de 2025.

Quién queda dentro y quién fuera

Con ese criterio, el programa alcanzaría de entrada a unas 28 familias, pero dejaría al margen a los heridos de la mina de Cerredo y también a la viuda y las hijas del trabajador fallecido en 2022. Familiares de víctimas anteriores a 2025 se organizaron para hacer valer sus casos y, en junio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió a habilitar una fórmula que cubriera las situaciones previas a esa fecha que sigan pendientes de resolución judicial para cobrar la indemnización.

La política la está perfilando el ala socialista del Gobierno, mientras IU-Convocatoria defendía que sí existían vías para auxiliar a todas las familias afectadas por la tragedia minera. Para reforzar el respaldo al planteamiento, el Principado convocó a los agentes sociales a varias reuniones.

El resultado final dependerá de cómo se concrete el articulado: el importe, el ámbito temporal y los requisitos de acceso son, por ahora, los puntos sobre los que ciudadanos, sindicatos y entidades pueden pronunciarse durante el plazo abierto. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en las cuentas autonómicas para 2027, donde deberá reflejarse la dotación económica de estas ayudas.