Asturias fija 200 metros de distancia entre las plantas de baterías y los pueblos

El Principado ha dado el primer paso para poner orden en la avalancha de proyectos de almacenamiento energético que llaman a la puerta de Asturias. El pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) aprobó de forma inicial las directrices sectoriales que regularán las instalaciones de baterías en suelo no urbanizable, con una medida central: una franja de salvaguarda de 200 metros respecto a los núcleos de población.

Qué establece el texto

La norma se aplicará a las instalaciones independientes de almacenamiento de más de 3 megavatios y fija criterios comunes para decidir dónde pueden implantarse y con qué condiciones. Esa zona de salvaguarda territorial de 200 metros se justifica, según el Gobierno asturiano, en la necesidad de preservar el paisaje, el patrimonio natural y el modelo de poblamiento rural disperso que caracteriza a la región.

La distancia podrá reducirse solo de manera excepcional, en supuestos de especial interés público, cuando no existan alternativas de emplazamiento por razones de conexión a la red y un análisis detallado acredite que la instalación no genera una afección incompatible con los valores del paisaje rural ni con los usos sociales y tradicionales de la zona.

A esa distancia se suma otra de carácter poblacional: nunca menos de 50 metros respecto a viviendas aisladas legalmente construidas fuera de los núcleos rurales. En el caso de los núcleos, la referencia se tomará desde su delimitación exterior. El análisis de riesgos de cada proyecto podrá elevar esas distancias cuando se considere necesario.

Una avalancha de solicitudes

La regulación llega como respuesta al fuerte aumento de peticiones de acceso y conexión registradas en la comunidad. Según los datos del Ejecutivo autonómico, se han presentado más de 170 solicitudes, de las cuales medio centenar se encuentra ya en tramitación administrativa. Sin un marco común, cada proyecto se resolvía caso por caso, sin criterios homogéneos de ubicación.

El modelo que plantean las directrices busca dirigir estas instalaciones hacia los emplazamientos de menor impacto. Tendrán preferencia los suelos ya transformados —terrenos industriales, mineros o energéticos— y los espacios degradados. También se prioriza la cercanía a los nudos de conexión de la red eléctrica, con el objetivo de acortar las líneas de evacuación y reducir su huella sobre el territorio.

Medidas contra incendios

El documento incorpora exigencias específicas de seguridad frente al fuego, un aspecto sensible en este tipo de instalaciones. Se requerirán depósitos de agua situados a diez metros de los recintos de baterías y una franja perimetral de defensa contra incendios de la misma anchura.

El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, que presidió la sesión, defendió que el texto supone «un salto importante en la organización de este tipo de instalaciones energéticas» y que persigue «un equilibrio entre la necesidad social de estas instalaciones, desde el punto de vista de la estabilidad energética, pero, sobre todo, preservando la seguridad de los ciudadanos y de nuestro modelo territorial».

Qué falta para que sea definitivo

El acuerdo adoptado por la CUOTA no cierra el procedimiento. Se abre ahora un periodo de información pública de dos meses en el que podrán presentar observaciones los ciudadanos, los ayuntamientos afectados y otros organismos. Después llegarán la evaluación ambiental y la redacción del texto refundido, y la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno mediante decreto.

Mientras tanto, la comisión ha acordado prorrogar un año más la suspensión temporal de la tramitación de proyectos de más de 3 MW en suelo no urbanizable, de modo que ninguno pueda completar el trámite antes de que las directrices estén aprobadas. Esa suspensión, subrayan desde el Principado, no alcanza a los proyectos ubicados en suelos industriales, mineros o energéticos degradados ni a las instalaciones vinculadas al autoconsumo.

La medida afecta de lleno al medio rural asturiano, donde buena parte de estas solicitudes busca terrenos amplios y próximos a la red. Es en esos concejos donde la nueva distancia de salvaguarda tendrá efectos más visibles sobre los planes empresariales anunciados en los últimos meses.

Información elaborada a partir de la publicada por El Comercio y de los datos facilitados por el Gobierno del Principado de Asturias.