Una familia de acogida reclama 6.000 euros al Principado por los viajes de un bebé
La familia adelantó ocho viajes a Madrid para operar la vista de un bebé tutelado. Ocho meses después sigue sin cobrar y la Consejería dice que estudia vías.

Una familia asturiana de acogida reclama a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 6.000 euros que adelantó para que un bebé tutelado por el Principado pudiera ser operado de la vista en Madrid. Ocho meses después de la intervención, el dinero sigue sin devolverse y el expediente está, según la propia familia, atascado en el servicio de Intervención. El caso lo ha publicado El Comercio.
Un problema de visión detectado en casa
El acogedor es Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Familias de Acogida del Principado (Afapas) y acogedor junto a su familia desde 2014, periodo en el que han pasado por su casa doce menores. En enero de este año recibieron a un bebé de mes y medio procedente de un centro de menores privado, sin que constara ningún problema de salud en su historial.
Desde los primeros días advirtieron que el pequeño no fijaba la mirada, ni siquiera al darle el biberón. El pediatra confirmó la sospecha y en el Hospital Universitario Central de Asturias lo derivaron al Hospital de La Paz, en Madrid. La operación se realizó a finales de febrero y el resultado superó las previsiones médicas: se esperaba recuperar en torno a un 5% de visión y hoy, según relata la familia, el niño tiene la vista prácticamente normalizada. De haberse retrasado la intervención, le advirtieron, habría perdido el ojo.
Ocho viajes y una promesa de reembolso
Antes de empezar los desplazamientos, la familia consultó a la consejería si se encargaba ella del traslado y la atención médica o si lo asumían ellos con la correspondiente ayuda económica. Según su versión, el entonces jefe del Servicio de Infancia y Familias les pidió una estimación de gastos y les anunció que se tramitaría una nueva modalidad de subvención a nombre del menor, con un retraso previsible de uno o dos meses. Mientras tanto, el dinero lo adelantaría la familia.
Fueron ocho viajes a Madrid entre la primera revisión, la operación y seis controles posteriores. La familia asegura conservar todas las facturas. El reembolso, sin embargo, nunca llegó.
Ceses encadenados y un expediente parado
En el camino desaparecieron los tres interlocutores que habían dado el visto bueno: la directora general de Infancia causó baja en julio y fue cesada este mes; la consejera Marta del Arco estuvo de baja y fue sustituida a finales de agosto; y el jefe de servicio fue cesado en septiembre. La familia cuenta que se les llegó a sugerir que solicitaran la ayuda a la Consejería de Salud, pese a haber seguido las instrucciones recibidas. Las ayudas del Sespa, además, cubren entre un 20% y un 25% del gasto real, no incluyen hotel ni transporte urbano y están pensadas para familias biológicas.
Álvarez recuerda que el tutor legal del menor es la Administración autonómica y que, a su juicio, debería costear la totalidad de los gastos. Para la próxima revisión, prevista el 12 de noviembre en La Paz, la familia ya ha avisado de que llevará al niño pero no adelantará más dinero.
La respuesta de la consejería
La nueva directora general de Infancia, Vanesa González, nombrada el 13 de octubre, agradeció a la familia haber actuado "poniendo por delante la atención y el bienestar del menor" y reconoció que afrontaron "unos gastos extraordinarios derivados de una situación que, por sus características, no tenía una respuesta sencilla dentro de los mecanismos habituales de la Administración".
González admite "una dificultad técnica para atender esos gastos", pero sostiene que el expediente "está vivo" y que se estudian vías para cubrir lo que las prestaciones actuales no contemplan, sin "anticipar el resultado de un procedimiento administrativo que todavía no ha concluido". Añade que el caso debe servir para fijar un marco claro ante situaciones extraordinarias similares.
El episodio llega en un momento en el que el Principado tramita otros mecanismos de apoyo económico, como el decreto de ayudas a familias de accidentes laborales, y vuelve a poner sobre la mesa la cobertura real que reciben los acogedores en Asturias.
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Elaborado a partir de información publicada por El Comercio · Fuente primaria: documento original