El PP de Avilés exige disculpas al PSOE para negociar la ordenanza del agua

El conflicto del agua sigue marcando la agenda política en Avilés. El gobierno socialista, en minoría desde la ruptura de su pacto con Podemos e Izquierda Unida, afronta en la primera semana de noviembre un pleno extraordinario en el que se juega la aprobación de la nueva ordenanza del agua, una pieza clave para cerrar el pulso con la concesionaria del servicio, Asturagua-Veolia. Sin apoyos, el Ayuntamiento se expone a una reclamación millonaria.

Una aritmética que deja al PP como llave

Los números del pleno no dejan mucho margen. Podemos e Izquierda Unida han rechazado de plano las medidas planteadas, en especial la prórroga del contrato con la empresa, y Vox tampoco se mueve de su posición. Con ese escenario, el PSOE solo puede sacar adelante la ordenanza con el voto favorable o la abstención de los nueve concejales del Partido Popular.

Los populares no han cerrado la puerta, pero ponen precio político. Su portavoz municipal, Esther Llamazares, condiciona cualquier cambio de postura a que el portavoz socialista, Manuel Campa, dé una explicación pública y asuma lo que el PP considera un error de gestión acumulado durante los tres últimos años. «Toca disculparse con la ciudadanía y explicar un error de gestión que nos ha llevado a una demanda millonaria», señaló, según recoge El Comercio.

Llamazares endureció el tono al referirse directamente al portavoz del gobierno, a quien acusó de haberse «reído de la gente a la cara» y de ser responsable de «un pacto de gobierno infame». Desde el equipo de gobierno, Campa se ha limitado a reiterar la disposición a «analizar las medidas» junto al resto de grupos para buscar un acuerdo.

Qué hay sobre la mesa

Esta semana se celebró la segunda reunión de la comisión especial creada para examinar el contrato del agua, con todos los grupos municipales y con la presencia del autor del informe externo encargado por el consistorio. El punto de fricción es cómo compensar a la concesionaria el desfase en la tasa interna de retorno (TIR), el indicador que mide la rentabilidad pactada del contrato.

El Ayuntamiento ha planteado hasta ahora tres medidas correctoras:

• Una subida de las tasas del agua de en torno al 17% de media.
• Una prórroga de la concesión por treinta meses adicionales.
• La cesión a la empresa de la parte de los dividendos que correspondería al consistorio: unos 4,5 millones de euros hasta 2034 y otros tres millones durante la prórroga.

Asturagua-Veolia, por su parte, se comprometió ante los grupos municipales a congelar las tasas si la tasa interna de retorno se alcanzase antes de que finalice el contrato.

La alternativa que propone el PP

Los populares defienden otra vía: modificar la fórmula de cálculo de la TIR para que pesen más las variables ligadas al propio servicio y menos los indicadores macroeconómicos. Tanto el gobierno local como la empresa sostienen que el contrato no permite alterar ese parámetro sin incurrir en una ilegalidad. El PP matiza que su planteamiento consiste en buscar los cambios contractuales necesarios para dar «certeza», y afirma que puede existir una fórmula «no solo económica, sino también jurídica que sea viable».

Qué está en juego para los vecinos

Más allá del choque entre grupos, el desenlace afecta directamente al bolsillo de los avilesinos: la ordenanza determina lo que se pagará por el agua en los próximos años. Si el pleno no la aprueba, el Ayuntamiento quedaría expuesto al litigio con la concesionaria sin las medidas compensatorias previstas, un escenario que el propio gobierno local describe como un problema grave para las cuentas municipales. La proximidad de unas elecciones generales reduce los incentivos de ambos partidos a ceder, aunque el calendario del pleno obliga a mover ficha en cuestión de días.