El PP pide la dimisión del alcalde de Colunga por el conflicto del alumbrado

El pulso entre el Ayuntamiento de Colunga y la empresa que presta los servicios energéticos del alumbrado público del concejo, Gremoba, ha pasado del salón de plenos a los juzgados y ha terminado por envenenar la vida política local. El grupo municipal del PP ha elevado el tono y asegura que «espera» la dimisión del alcalde, el socialista José Ángel Toyos, que rechaza cualquier irregularidad y defiende que el Consistorio ha cumplido todo lo que le ha requerido el juzgado. Así lo recoge El Comercio en una información firmada por Soraya Pérez.

Un contrato de 2016 que acabó en los tribunales

El origen del conflicto está en el contrato de prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones de alumbrado del concejo, formalizado en 2016. La discrepancia entre las partes no es sobre la prestación del servicio en sí, sino sobre las cantidades facturadas, un desacuerdo que se ha ido enquistando hasta desembocar en un procedimiento judicial todavía abierto.

La cuestión saltó al debate público en un pleno extraordinario celebrado en marzo, cuando el portavoz del PP, Javier Brea, sostuvo que el Ayuntamiento llevaba más de dieciocho meses sin atender pagos derivados de ese contrato. Para los populares, el Consistorio puede discrepar de los importes, pero el procedimiento correcto sería otro.

«Hay una disconformidad entre el Ayuntamiento y la empresa con la facturación o con los costes que pasa Gremoba y entonces el alcalde dejó de pagar», expuso Brea, que defiende que lo procedente sería «primero pagar y después reclamar».

La versión del alcalde: facturas «no justificadas»

El regidor de Colunga ofrece una lectura distinta. Toyos sostiene que las facturas no pueden abonarse «cuando los servicios técnicos municipales consideran que las cantidades no están justificadas», y apunta a una escalada en los importes reclamados por la empresa: de unos 11.850 euros mensuales iniciales se habría pasado a 29.000 y, más adelante, a facturas que alcanzarían los 122.000 euros. Esa última cifra ya la puso sobre la mesa en el pleno de marzo, al asegurar que la mercantil estaba facturando esa cantidad al mes.

Sobre la marcha del procedimiento judicial, el alcalde afirma que el Ayuntamiento ha atendido el último requerimiento. Según su relato, el juzgado pidió primero acreditar que el Consistorio disponía de 575.000 euros para afrontar un eventual pago; tras presentar un informe de Tesorería, el órgano judicial habría exigido después que esa cantidad se aportara efectivamente, algo que, sostiene, se hizo en plazo en torno al 4 de septiembre.

Toyos subraya que esa consignación no equivale a un pago a la empresa, sino a una cantidad puesta a disposición del procedimiento mientras se resuelve el litigio. «Tenemos de sobra para pagar», zanjó el regidor, que traslada así un mensaje de solvencia municipal frente a las críticas de la oposición.

Una relación «casi inexistente»

Más allá del expediente concreto, el episodio ha deteriorado la convivencia entre gobierno y oposición en el concejo oriental. Desde el PP describen la relación con el alcalde como «cada vez peor, casi inexistente», un escenario que complica la actividad ordinaria de un ayuntamiento pequeño, donde los acuerdos entre grupos suelen ser determinantes para sacar adelante asuntos cotidianos.

El asunto tiene además una dimensión práctica para los vecinos: el alumbrado público es uno de los servicios municipales con mayor peso en la factura energética de los concejos rurales asturianos, y los contratos de eficiencia energética firmados en la pasada década, con inversiones iniciales de la empresa que se recuperan a lo largo de años, han generado controversias similares en otros municipios. Mientras el juzgado no resuelva, el conflicto seguirá condicionando la agenda política de Colunga.