El Principado defiende la compra del taller de Barros como una inversión que se amortizará
Hacienda sostiene que el alquiler a Indra, los impuestos y el empleo compensarán el desembolso por la nave de Duro Felguera en Langreo, cuyo precio sigue sin hacerse público.

El Gobierno del Principado mantiene la reserva sobre las condiciones de la compra del taller de Barros, en Langreo, pero defiende que la operación no debe leerse como un gasto corriente sino como una inversión con retorno. La instalación, hoy propiedad de Duro Felguera, está llamada a acoger el proyecto industrial de defensa de Indra en la cuenca del Nalón.
«Van a permitir mi discreción»
El portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, evitó concretar cifras y plazos alegando la presencia de otras partes en la negociación. «Van a permitir mi discreción porque hay más partes implicadas», señaló, en alusión a la empresa vendedora y a la multinacional que ocupará después la nave. El consejero se limitó a asegurar que «el acuerdo se va a materializar muy pronto y ahí van a conocer todos los detalles».
Según la información publicada por El Comercio, en el Ejecutivo autonómico se trabaja con la idea de amortizar el desembolso por varias vías. La principal sería la renta que abonaría Indra por el uso de las instalaciones, previsiblemente mediante un contrato de alquiler a largo plazo. A eso se sumaría la inversión que la compañía prevé acometer, con su reflejo fiscal, sobre todo en las cuentas del Ayuntamiento de Langreo.
El argumento del empleo en el Nalón
El otro pilar del razonamiento del Gobierno es social: la creación de puestos de trabajo estables y cualificados en un valle golpeado por décadas de reconversiones industriales. Los salarios, sostiene el Ejecutivo, tendrían además un efecto multiplicador en el consumo y en la recaudación regional.
Peláez se mostró «sorprendido» por las críticas de los grupos de la derecha, que esta semana reprocharon al Gobierno su falta de transparencia en la operación. Desde el Principado interpretan esa reacción como consecuencia de que se ha desmoronado el relato según el cual la planta que Indra levantará en As Pontes, en Galicia, hacía imposible una inversión paralela en Asturias. «Parece que lo que les molesta es que la inversión se radique en las cuencas mineras y precisamente en el valle del Nalón», apuntó el consejero. El debate sobre el procedimiento ya había abierto grietas incluso dentro del propio Gobierno.
Una negociación encallada en el precio
El consejero reivindicó el papel de la Administración autonómica para «desbloquear la situación» después de meses de conversaciones entre las dos empresas que no habían fructificado por desacuerdo en el precio. La primera oferta formal de la multinacional se situó por debajo de los 5 millones de euros, mientras que la propietaria de la nave reclamaba más de quince.
La cantidad que finalmente pagará el Principado no se ha hecho pública. Algunas fuentes la sitúan por debajo de los 12 o 13 millones que la ingeniería estaba dispuesta a aceptar en la negociación bilateral, aunque el Ejecutivo no ha confirmado esa horquilla.
Qué falta por conocer
La clave para valorar la operación seguirá siendo el detalle del contrato: precio de compra, forma de pago, duración del arrendamiento y renta pactada con la empresa que ocupará las instalaciones. Sin esos datos resulta imposible comprobar si el retorno previsto compensa realmente el esfuerzo público.
«Cuando conozcan los detalles comprobarán que es una operación ventajosa para las tres partes y lo más importante, ventajosa para Asturias», defendió Peláez, que enmarcó la actuación en la estructura de captación de inversiones puesta en marcha esta legislatura con la Consejería de Ciencia, Sekuens y la Oficina Económica. El Ejecutivo subraya que el objetivo último era lograr que una inversión en el sector de la defensa se asentara en territorio asturiano y no fuera de la comunidad.
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Elaborado a partir de información publicada por El Comercio Portada · Fuente primaria: documento original