Los alcaldes del área central rechazan declarar toda la comarca zona tensionada

La exigencia de la diputada Covadonga Tomé de declarar toda el área central de Asturias como zona de mercado residencial tensionado, situada como primer punto de su negociación de los presupuestos autonómicos de 2027, ha encontrado un rechazo casi unánime entre los alcaldes de esa comarca. Lo adelanta El Comercio, que ha recogido la posición de una docena de regidores y de los principales partidos.

El matiz es relevante: no todos rechazan la herramienta, sino su aplicación en bloque. La mayoría de los consultados defiende el procedimiento que ya sigue el Principado, consistente en estudiar cada municipio —e incluso cada barrio— y delimitar únicamente las áreas que cumplan los requisitos legales.

El Principado enfría la propuesta

El consejero de Vivienda y coordinador de IU, Ovidio Zapico, descartó que la declaración se extienda de forma generalizada por el centro de la región. Garantizó que Oviedo tendrá una zona tensionada, pero insistió en que las decisiones deben tomarse «con rigor», atendiendo a la realidad territorial y socioeconómica de cada concejo y no «al capricho de la cartografía».

Desde la FSA-PSOE se evitó valorar el fondo del asunto. Su secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga, agradeció a la líder de Somos que presentara propuestas concretas y se mostró dispuesto a debatir, al tiempo que reprochaba al PP haber condicionado cualquier negociación presupuestaria a la retirada de la Ley de Vivienda.

Oviedo y Gijón, en contra de cualquier declaración

Los dos grandes ayuntamientos mantienen su oposición frontal a la figura. El teniente de alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, sostiene que la medida agrava el problema de acceso a la vivienda porque empuja a los pequeños propietarios a retirar sus pisos de un mercado de alquiler ya «muy exiguo». Considera además «una temeridad condenada al fracaso» declarar una zona tensionada contra el criterio del ayuntamiento afectado.

En Gijón, la declaración de Cimavilla y La Arena salió adelante por acuerdo plenario pese al rechazo del gobierno local de Foro. El Consistorio la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, que denegó las medidas cautelares aunque el procedimiento sigue abierto.

Caso a caso, piden los regidores socialistas y de IU

El concejal de Vivienda de Avilés, Manuel Campa, cuyo ayuntamiento sí pidió la declaración para barrios concretos, defiende analizar «municipio por municipio y área por área» con datos reales del mercado, porque existen diferencias notables dentro de la propia comarca. En la misma línea se pronuncian José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, e Iván Fernández, regidor de Corvera, que pide hablar «de lo que es mejor para nuestros vecinos» antes que de exigencias.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', condiciona su apoyo a medidas complementarias: el Pleno aprobó esta semana una enmienda socialista que vincula la declaración de Lugones y La Pola a cinco millones del Principado para comprar suelo destinado a vivienda protegida, garantías frente a impagos, beneficios fiscales a propietarios y ayudas a inquilinos.

Desde IU, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, recuerda que su concejo figura como el municipio español de más de 20.000 habitantes con los precios más bajos, aunque hayan subido. Maximino García, de Morcín, advierte de que una declaración sin soporte técnico sería «fácilmente vencida en los tribunales». Y el regidor de Carreño, Ángel Manuel García Vega, avisa: «Que nadie se engañe, aquellos que hoy no son zonas tensionadas podrán serlo en los próximos años».

En el ámbito rural del área central, la alcaldesa de Las Regueras, Isabel Méndez, plantea un paso previo: estudiar las necesidades del municipio y los servicios públicos que exigiría un eventual aumento de población.

El debate llega en un contexto de tensión económica para muchos hogares asturianos, con indicadores como el peso de las pensiones sobre los salarios en quince concejos o el repunte del paro en la última EPA.