Vipasa defiende el desahucio de una vivienda pública en Gijón por impago

La empresa pública de vivienda del Principado, Vipasa, ha salido al paso de las críticas por el desahucio previsto para la próxima semana en un piso público del grupo Alicia Concepción Álvarez, en el barrio gijonés de Roces. Su gerente, Marta Pulgar, sostiene que el procedimiento responde a un impago voluntario y continuado, y no a la situación personal de la inquilina.

La afectada es una mujer víctima de violencia de género que convive con su hija de nueve años. Varias organizaciones —el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, SUATEA y el Sindicato de Vivienda de Asturias— denunciaron el viernes su situación de vulnerabilidad y convocaron una concentración en la plaza de la Escandalera, en Oviedo/Uviéu, para intentar frenar el lanzamiento.

"Aquí no echamos a nadie"

Pulgar rechaza cualquier comparación con el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid por una empresa privada. La diferencia, señala, es que aquella siempre abonó su renta. En declaraciones recogidas por elDiario.es Asturias, la gerente insiste en que ni Vipasa ni la Consejería de Vivienda expulsan de un piso a quien no puede pagar por causas ajenas a su voluntad, y cita como prueba que más de 2.000 familias están acogidas al llamado protocolo de impagados, un mecanismo que permite renegociar deuda y renta según la situación económica de cada hogar.

Cronología del expediente

Según la versión de la empresa pública, la vivienda se adjudicó en septiembre de 2019 por emergencia social, con una renta adaptada de 67,02 euros mensuales más la cuota de comunidad. Los impagos habrían comenzado en 2021. En febrero de 2022 se alcanzó un compromiso de abonar 20 euros mensuales además de la renta corriente, que —afirma Vipasa— no se cumplió.

A partir de ahí intervinieron los servicios sociales y el Programa de Intermediación Comunitaria y Socioeducativa TRAMA, dependiente de Innovación Social. La demanda de desahucio se presentó en mayo de 2023, con 22 recibos pendientes de renta, comunidad y suministros por importe de 3.644,32 euros. La demanda no reclamaba esa cantidad, sino la recuperación del piso por incumplimiento del contrato.

El Tribunal de Instancia dictó sentencia el 24 de abril de 2026 declarando resuelto el contrato y acordando el desahucio. La resolución recoge que la vulnerabilidad alegada no constituye causa de oposición cuando el impago es voluntario. Vipasa recuerda que la sentencia es recurrible y que la ejecución del lanzamiento corresponde a la autoridad judicial.

Las alternativas ofrecidas

La gerente niega que no se buscaran salidas. Detalla dos propuestas: en octubre de 2024, un pago inicial de 500 euros más 30 euros al mes; y en abril de 2026, uno de 1.000 euros junto a la mensualidad corriente y 70 euros adicionales. También se planteó suspender temporalmente el procedimiento si se abonaba la mitad de la deuda y se firmaba un compromiso de pago y de mejora de la convivencia.

"No es cierto que no se hayan planteado alternativas. Las hubo, pero no se alcanzó un acuerdo que permitiera garantizar el cumplimiento futuro de las obligaciones contractuales", afirma Pulgar.

Vipasa añade que a la inquilina le constan ingresos acreditados de 1.200 euros. El expediente recoge además quejas vecinales por ruidos, discusiones y acumulación de basura en zonas comunes, junto a alguna intervención policial, aunque la empresa subraya que esos problemas no son la causa jurídica del desahucio.

El caso reabre el debate sobre los límites del parque público de alquiler en Asturias y sobre la frontera entre proteger a un hogar vulnerable y garantizar la convivencia del resto de vecinos. Quienes atraviesan dificultades para pagar la vivienda disponen de distintas ayudas autonómicas al alquiler y la compra, además del protocolo de impagados de la propia empresa pública.