El PP llevará a la Inspección de Servicios la compra de la ITV de Granda

El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante la Inspección General de Servicios del Principado para que investigue la compra de la parcela y la nave donde se instaló la estación de ITV de Granda, en el concejo de Gijón, unas instalaciones cerradas desde el pasado mes de mayo y cuyo futuro sigue sin resolverse. El anuncio lo hizo el presidente del PP gijonés y diputado autonómico, Andrés Ruiz, durante la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General, según informó El Comercio.

Qué se pide investigar

La denuncia, según explicó Ruiz, buscará aclarar si la compraventa se ajustó a la legalidad, si se cumplieron los procedimientos administrativos exigibles y si hubo negligencia en alguna fase del proceso. También reclama que se detallen todos los desembolsos posteriores a la adquisición, buena parte de los cuales, sostiene, aún no se conocen con precisión.

El diputado insistió en que la operación fue cuestionada desde el principio por vecinos y por otros grupos políticos, al tratarse de una nave con más de medio siglo de antigüedad situada en suelo rural. «Sería lógico, si acaso el gobierno tiene intención de esclarecer qué ha ocurrido con la ITV de Granda, que se apoyase esta investigación», afirmó.

Las cifras sobre la mesa

Según los datos aportados por el PP, la sociedad pública ITVASA destinó 900.000 euros a la compra de la parcela y la nave, a los que se sumaron 460.000 euros presupuestados para su adecuación y otros 253.000 euros para suministrar e instalar los equipos de inspección. La inversión de partida superó así los 1,6 millones de euros.

A esa cantidad habría que añadir, según el diputado, la modificación del proyecto, las reparaciones tras las inundaciones de 2024, las medidas de seguridad adoptadas con el cierre de mayo y los estudios técnicos encargados para valorar si el inmueble es viable. Con todo ello, calcula que la factura acumulada «podría superar los dos millones de euros». Reabrir la estación exigiría además nuevas obras que la propia ITVASA cifra en más de un millón, un coste que ha puesto sobre la mesa la posibilidad del cierre definitivo.

Responsabilidades políticas

Ruiz responsabilizó al Gobierno de Adrián Barbón y al entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, por mantener la apuesta por Granda pese a las advertencias sobre la ubicación, los accesos y el estado del edificio. «Fueron advertidos por vecinos, grupos políticos y técnicos de que no era buena idea comprar una ruina», reprochó, cuestionando también la celeridad con la que se cerró la operación.

En la misma jornada, el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, exigió responsabilidades políticas por lo que calificó de «chapuza». Recordó que ya en 2021 pidió paralizar el proyecto por la opacidad de la compra, los problemas de acceso y una ubicación que consideraba inadecuada. «La historia de la ITV de Granda es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas», sostuvo. Pumares puso además en duda que la apertura sirviera para reducir las listas de espera y atribuyó esa mejora a un cambio en los protocolos de inspección.

Qué pasa ahora con el servicio en Gijón

Más allá de la investigación, el PP reclama al Principado que aclare cómo garantizará el servicio de inspección técnica de vehículos en el concejo. Sobre la mesa figuran tres vías: rehabilitar las instalaciones de Granda, concentrar toda la actividad en la estación de Tremañes o permutar terrenos con el Ayuntamiento de Gijón.

Esta última opción es la que más reparos genera a los populares. Ruiz alertó de las consecuencias de destinar a ese uso la parcela municipal del Camino del Melón, donde actualmente se realizan prácticas y exámenes de conducción de motocicletas y vehículos profesionales, una posibilidad que, según aseguró, inquieta a las autoescuelas de la ciudad.

El diputado cerró su intervención preguntando «¿a quién tenemos que pedir explicaciones de todo este despropósito?» y avanzó que su partido recurrirá a los mecanismos de fiscalización administrativa disponibles para aclarar lo ocurrido.