Siete familias de La Corredoria temen perder su vivienda pública por subir de ingresos

Mejorar el sueldo o que un segundo miembro de la familia empiece a trabajar puede acabar convirtiéndose en un problema. Es lo que denuncian siete familias de La Corredoria, en Oviedo, que han recibido o esperan recibir comunicaciones de Vipasa relacionadas con la superación de los límites de ingresos fijados para ocupar una vivienda pública en alquiler. La información la adelanta Asturias Mundial.

Qué ha pasado

Los afectados residen en el grupo residencial de la calle Jardín, en uno de los barrios ovetenses con mayor peso del parque público de vivienda. Este lunes se reunieron para poner en común sus casos y comprobaron que no se trataba de situaciones aisladas: las notificaciones no han llegado a la vez, de modo que unas familias ya conocen la decisión que les afecta y otras siguen a la espera de documentación similar.

Conviene ser preciso: no consta que haya siete desahucios inminentes ni órdenes de abandono inmediato. Lo que hay son expedientes abiertos que, según cómo se resuelvan, podrían concluir que esos hogares ya no cumplen las condiciones económicas exigidas para permanecer en la vivienda.

La lógica administrativa y el caso real

El parque público de alquiler tiene una finalidad concreta: alojar a quienes no pueden acceder al mercado libre en condiciones normales. Como el número de viviendas es limitado, la Administración revisa periódicamente los ingresos de los inquilinos. Hasta ahí, el criterio es difícil de discutir.

El problema aparece cuando esa regla general aterriza sobre una familia concreta. Una subida salarial puede bastar para rebasar el umbral fijado, pero rebasarlo no equivale a poder comprar un piso ni a asumir con holgura los precios actuales del alquiler privado. Los vecinos afirman que no cuestionan que existan controles; lo que reclaman es que se examine la situación económica real de cada hogar y sus posibilidades efectivas de encontrar alternativa.

Una revisión que viene de lejos

La gestión de estas viviendas ya estaba bajo el foco. En julio, Vipasa confirmó que realizaba una revisión integral del grupo y defendió que la actualización de rentas buscaba ajustar lo que paga cada familia a su capacidad económica: quien mantuviera ingresos similares conservaría la renta, quien los hubiera visto caer podría pagar menos y quien hubiera mejorado podría ver una actualización. La empresa pública recordó entonces que la renta no debe superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar, o el 30% cuando se suman determinados gastos de comunidad.

Pero una cosa es revisar el importe del alquiler y otra distinta cuestionar el derecho a seguir en la vivienda. Esa es la frontera que deberán aclarar los expedientes. Los criterios de Vipasa en el parque público asturiano ya han generado polémica en otros concejos.

Las preguntas sin respuesta

No todos los programas de vivienda protegida del Principado funcionan igual. Los límites dependen del régimen con el que se adjudicó el piso, de la normativa aplicable, de la fecha de adjudicación y de la composición de la unidad de convivencia. Hay programas recientes que fijan el tope en cinco veces el IPREM y otros que emplean umbrales distintos; el programa Alquilámoste, referido a viviendas privadas incorporadas a un sistema gestionado por Vipasa, tiene su propia horquilla y no debe confundirse con estos pisos.

De ahí que el contenido literal de cada comunicación sea la pieza decisiva: qué límite se aplica, qué ejercicio fiscal se ha usado para calcular los ingresos, qué miembros computan, si se valora una mejora estable o puntual, qué plazo hay para alegar y si la consecuencia es la extinción del contrato o existe antes un trámite de revisión.

El fondo del asunto

El caso resume un dilema clásico de cualquier parque público. Mantener indefinidamente una vivienda subvencionada a quien ha mejorado mucho su situación impide que acceda otra familia con menos recursos. Pero existe también la franja intermedia: quienes cruzan el umbral administrativo sin haber alcanzado estabilidad suficiente para competir en el mercado libre. Los vecinos de La Corredoria dicen encontrarse justo ahí. Quien busque alternativas puede consultar las ayudas a la vivienda vigentes en Asturias.

El asunto ya llegó este verano a la Junta General: diputados del PP pidieron información sobre las rentas abonadas, los requerimientos de documentación y el mantenimiento de los edificios, además de la comparecencia del consejero de Vivienda. El Gobierno asturiano defendió la actuación de Vipasa y sostuvo que la revisión responde a un criterio de justicia social y no a un afán recaudatorio.